Avanza ley en Europa para identificar a usuarios de criptomonedas

PUNTOS IMPORTANTES:

El marco legal discutido hasta junio pasado ha sido acordado y definido por legisladores de la Unión Europea.
Este año podría ser aprobada formalmente ante el Parlamento Europeo, y entraría en vigencia en 2024.
La ley exigirá la identidad de todos los usuarios de Bitcoin y otras criptomonedas en servicios regulados, como casas de cambio y monederos centralizados.

El proyecto para la regulación del mercado de Bitcoin y otras criptomonedas en la Unión Europea (UE), mejor conocida como la Ley MiCA (por las siglas de Markets in Crypto Asset Regulation), está cada vez más cerca de ser una ley en dicha jurisdicción.

De acuerdo con un reporte exclusivo del diario CoinDesk, publicado este miércoles 5 de octubre, la UE ya acordó un marco legal definitivo para MiCA, así como también una ley que exigirá la identidad de quienes utilicen Bitcoin y otras criptomonedas a través de empresas reguladas, como las casas de cambio y los monederos centralizados.

CoinDesk aseveró que una fuente familiarizada con el asunto reveló al diario que los diplomáticos se reunieron este miércoles, y que aquellos que representan al bloque financiero firmaron los textos sin más discusiones que las desarrolladas hasta junio de este año.

Luego de casi un año en discusiones, la UE estableció en junio de este año nuevas reglas “antilavado de dinero”, las cuales pretende aplicar sobre las transacciones y los monederos de Bitcoin y otras criptomonedas; esto a pesar de las críticas expuestas por defensores de la libertad, privacidad e innovación, como lo publicó Bitfinanzas.

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Entre las medidas acordadas destacó una mayor presión sobre los protocolos de verificación de identidad, para intentar obligar a los usuarios de Bitcoin y otras criptomonedas a compartir su identidad, incluso si sus operaciones serán tan pequeñas como el equivalente a un (1) euro.

Según la fuente citada, es probable que este año sea formalmente aprobada la ley MiCA ante el Parlamento Europeo, y se estima que sea publicada a principios de 2023, y que entre en vigor un año después.

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