Congreso de Quintana Roo descarta uso de blockchain por caro y sobrecalificado

PUNTOS IMPORTANTES:

El Congreso de Quintana Roo en México no renovó el sistema blockchain, debido a su alto costo y sobrecalificación respecto a las necesidades del Poder legislativo Estatal.
El sistema blockchain fue contratado el pasado mes de marzo, por las anteriores autoridades de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) de la XVI Legislatura.
El nuevo presidente de la JUGOCOPO afirmó que decidieron regresar a su anterior sistema de registro.

El Congreso de Quintana Roo en México, que en marzo fue noticia por ser el primer congreso del país en implementar un sistema blockchain para la certificación digital de los documentos legislativos, anunció recientemente que no renovó dicho sistema debido a que lo consideran muy costoso y sobrecalificado para las necesidades del Poder legislativo Estatal.

La información fue compartida el pasado lunes 11 de octubre por medios locales, los cuales indicaron que el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (JUGOCOPO) de la XVI Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, afirmó que recientemente el Congreso del Estado regresó al anterior sistema que empleaba para archivar los documentos, luego del vencimiento del contrato con la startup blockchain Avalanche, el pasado mes de agosto.

De acuerdo con lo declarado por Martínez Arcila, “la anterior Jugocopo decidió contar con este sistema, que es muy bueno, pero a partir de esta semana entra en funciones el sistema propio que tiene el Congreso”. Además de ello, Martínez Arcila expresó que “el sistema propio hace lo mismo que el anterior, pero el blockchain lo que hacía era que encriptaba estos documentos, para impedir que puedan ser alterados“

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Martínez Arcila afirmó que el sistema blockchain no es necesario para el Congreso de Quintana Roo, ya que “los alcances y los montos del contrato son parte de la revisión del proceso de entrega-recepción”, afirmando que “esta información será hecha pública”. El presidente del JUGOCOPO opinó que el sistema blockchain “da mucha seguridad”, pero luego de valorar que la información que maneja dicho Congreso es “toda pública”, decidieron prescindir de tal sistema, independientemente de la expiración del contrato.

Según el medio citado, Martínez Arcila indicó que el contrato que tenían con la proveedora Avalanche tenía un costo de 600.000 pesos mexicanos (29.400 dólares al momento de redacción de esta nota), pero según lo informado por otro medio local que también reseñó la noticia, el monto a cancelar por utilizar esta tecnología sería de aproximadamente 5 millones de pesos mexicanos (245.954 dólares al momento de redacción de esta nota), por lo que el monto total real del contrato no se conoce con exactitud.

El presidente del Observatorio Legislativo de Quintana Roo, Eduardo Galaviz Ibarra, declaró que considera acertada la “decisión suspender el servicio para el control y seguridad de iniciativas”, ya que a su criterio esta tecnología “era poco funcional para las necesidades del Congreso del Estado” y, además, presentó ciertas irregularidades al momento de ser contratada por la anterior administración.

Galaviz expresó ante un medio local lo siguiente: “Siempre señalamos el costo tan alto, sobre todo con una empresa que no se tenía muy bien definida cierta información, como su ubicación: decían que en Oaxaca, pero no había certeza de ello”. Galaviz opinó que las autoridades actuales de la JUGOCOPO deben realizar una investigación que permita sancionar a los responsables de “firmar este contrato que le costó al Congreso del Estado una cantidad millonaria y sin ningún beneficio”.

Según lo expuesto inicialmente por las anteriores autoridades y la empresa contratada en marzo de este año, una blockchain sería utilizada para certificar digitalmente la documentación legislativa a través del Sistema de Gestión de Correspondencia y Archivo. Supuestamente, el nuevo sistema blockchain tendría como objetivo la protección de dichos documentos contra la modificación o destrucción, además de aportar una mayor confianza en los ciudadanos debido a la transparencia que ofrecía. Aunado a ello, los promotores de la implementación de dicho sistema plantearon que acabaría con las dudas que podrían presentarse respecto a una posible suplantación o modificación de los documentos en los procesos legislativos, aún así fue usado durante un poco menos de cinco meses.

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