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PUNTOS IMPORTANTES:
- Panamá permitirá pagar impuestos con Bitcoin y otras cripto.
- Un banco autorizado hará la conversión automática a dólares.
- No fue necesaria nueva legislación para aplicar el sistema.
Panamá ha dado un paso significativo hacia la adopción de activos digitales al autorizar pagos en criptomonedas para servicios municipales. Con esta medida, los ciudadanos podrán abonar impuestos, tasas, permisos y multas en monedas como Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), USDC y USDT.
El alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi, anunció que la ciudad se convierte en la primera institución pública del país en aceptar pagos en criptoactivos. La decisión no solo marca un hito local, sino que refuerza el papel de Latinoamérica como región activa en la integración de nuevas tecnologías financieras.
Panamá habilita pagos cripto sin necesidad de nueva legislación
Una de las claves del anuncio es que no se requirió la aprobación de nuevas leyes, lo cual había sido una traba en intentos anteriores. Mizrachi explicó que lograron aplicar el sistema respetando la obligación legal de recibir ingresos en dólares. Para ello, establecieron un acuerdo con un banco aliado que se encargará de recibir los pagos en cripto y convertirlos automáticamente a dólares antes de depositarlos en las cuentas del gobierno.
“Las instituciones públicas están obligadas a recibir fondos en dólares, así que nos asociamos con un banco que hace la conversión en tiempo real”.
Mayer Mizrachi, alcalde de Ciudad de Panamá.
Desde la cuenta oficial de la Alcaldía se confirmó el avance:
“Pronto seremos la primera institución pública del país en permitir el pago de servicios municipales en criptomonedas, mediante un banco autorizado que se encargará de convertir los ingresos a dólares”.
Mayer Mizrachi adelantó que firmarán el acuerdo formal con la entidad bancaria la próxima semana durante la Blockchain Conference en Ciudad de Panamá.
Este movimiento posiciona a Panamá como pionera regional en facilitar la libre circulación de criptoactivos dentro del ecosistema económico y gubernamental, al tiempo que establece una hoja de ruta práctica para otras jurisdicciones interesadas en modernizar sus sistemas de cobro sin contradecir los marcos legales vigentes.
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