Presidente de la Bolsa de Valores de Corea del Sur se interesa por Bitcoin

El presidente de la Bolsa de Valores de Corea del Sur o Korea Exchange (KRX), Son Byung-doo, declaró recientemente que es necesario “estudiar las formas de adoptar los activos digitales” en dicho país, como Bitcoin y otras criptomonedas, señalando además que estos deberían contar con una legislación adecuada, debido a la importancia y relevancia en el ámbito de inversiones que han tenido en los últimos tiempos.

Estas declaraciones del presidente de KRX tuvieron lugar durante su discurso en la “Conferencia Global ETP de 2021”, y reseñadas por el diario local Chosun el pasado 1º de diciembre. Son Byung-doo quien anteriormente fue regulador y que ahora se desempeña como presidente del operador del único mercado de valores de Corea del Sur, dijo lo siguiente: El mercado de activos virtuales no es diferente del mercado de capitales ya que en ambos se debe respaldar la protección de los inversionistas y la estabilidad de las transacciones“.

Son Byung-doo hizo énfasis en el aumento del número de usuarios de intercambios de criptomonedas en Corea del Sur, que hasta el momento ya supera los 5 millones, indicó la fuente citada. Además, Son Byung-doo reveló que el volumen de comercio diario en el mercado de Bitcoin y otras criptomonedas del país asiático es de aproximadamente 14 billones de wones (12 mil millones de dólares aproximadamente), cifra que se encuentra cercana al valor comercial del Índice de Precios de Acciones Compuesto de Corea (KOSPI), que cuenta actualmente con alrededor de 19 billones de wones (16,1 mil millones de dólares aproximadamente).

Son Byung-doo expuso que “debido a que los activos virtuales se han convertido en activos de inversión importantes” en Corea del Sur, ya “es hora de preparar un marco institucional” al respecto. Son Byung-doo opinó que el actual marco regulatorio del país, en el cual los activos digitales son categorizados como activos intangibles (como la propiedad intelectual o las patentes), “no es propicio para el desarrollo nacional del sector criptográfico”, aseveró. El presidente de la KRX añadió que “es el momento de que los intercambios compitan directamente con los intercambios en el extranjero”, ya que para Corea del Sur es imprescindible “responder a la llamada era del mercado único global”.

De acuerdo con una enmienda de ley tributaria, aprobada en diciembre del año pasado por el Comité de Estrategia y Finanzas de la Asamblea Nacional de Corea del Sur, los ingresos de Bitcoin y otras criptomonedas que superen la cantidad de 2,5 millones de wones en un año (2.124 dólares aproximadamente) serán gravados a una tasa del 20%. En el proyecto de ley se estipulaba inicialmente que el periodo de impuestos comenzaría a partir de octubre de este año, pero el Ministerio de Estrategia y Finanzas de dicho país decidió retrasar el inicio por tres meses más de la fecha establecida, fijando como nueva fecha el 1º de enero de 2022.

Luego de ello, los partidos políticos surcoreanos decidieron retrasar nuevamente el gravamen sobre fondos en Bitcoin y otras criptomonedas hasta enero de 2023, debido a los cambios exigidos por los inversionistas de dicho país. Esta medida fue decidida durante una reunión de la Asamblea Nacional, celebrada el pasado 29 de noviembre.

Además, los inversionistas solicitaron que “el umbral de deducción fiscal para los inversionistas en criptomonedas de 2,5 millones de wones (2.124 dólares) a 50 millones de wones (42.422 dólares)”, tal como son gravadas las ganancias de capital de las acciones. En este punto, la Asamblea no llegó a ningún acuerdo, debido a la persistente oposición del Ministerio de Economía y Finanzas, el cual señaló que “las ganancias de los activos virtuales son diferentes de las ganancias de acciones porque se clasifican como “otros ingresos” donde las ganancias se obtienen al azar, como en las ganancias de lotería”.

En septiembre de este año, se conoció que más de 60 intercambios de criptomonedas podrían suspender sus servicios en Corea del Sur, debido a que no cumplían con los requisitos establecidos en la Ley de presentación de informes y uso de información específica, un proyecto legislativo que fue aprobado en dicho país en marzo de este año.