PUNTOS IMPORTANTES:
- Trump aún puede aplicar tarifas usando leyes comerciales vigentes.
- Un tribunal bloqueó el uso del IEEPA para imponer aranceles.
- Goldman Sachs prevé nuevas acciones pese al revés judicial.
Un revés legal para Trump, pero con margen para nuevas tarifas
Un tribunal federal bloqueó el uso de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) como justificación para los aranceles generalizados de Donald Trump.
El fallo ordena una suspensión permanente de la mayoría de las tarifas impuestas bajo esa norma, y prohíbe su futura modificación sin base legal.
La administración Trump apeló la decisión, pero economistas de Goldman Sachs aseguran que el gobierno aún dispone de múltiples herramientas legales para imponer tarifas sin contradecir el fallo judicial.
“El dictamen representa un revés, pero podría no cambiar el resultado final”
Advirtió el banco en una nota a sus clientes.
Las vías legales que Trump aún puede activar para reactivar los aranceles
La opción más inmediata: La Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que permite imponer aranceles de hasta 15% sin investigación previa, aunque solo por 150 días, tras los cuales se requiere acción del Congreso.
La segunda opción: La Sección 301, que autoriza sanciones tras una investigación formal sobre prácticas comerciales injustas. Aunque este camino es más lento, sienta las bases legales para nuevos aranceles.
La tercera opcion: Está la Sección 232, ya utilizada para aplicar tarifas al acero, aluminio y autos, bajo el argumento de seguridad nacional. Esta vía podría extenderse a otros sectores sensibles.
La cuarta opción: La poco conocida Sección 338 del Acta de Comercio de 1930 permite imponer aranceles de hasta 50% a países que discriminen contra productos estadounidenses. Aunque nunca se ha utilizado, sigue vigente en la legislación.
Mercados atentos al próximo movimiento tras el fallo judicial
Según Goldman Sachs, la sentencia solo afecta a los aranceles base del 10% y a los adicionales sobre China, México y Canadá, pero no impide el uso de tarifas sectoriales.
Esto significa que el gobierno podría rediseñar su estrategia con un enfoque legal más preciso, adaptado a las restricciones judiciales pero con efectos similares.
El riesgo ahora no es la desaparición de los aranceles, sino su reconfiguración bajo nuevos marcos legales, lo que puede mantener la tensión comercial e influir sobre decisiones de inversión y costos para importadores.
La Casa Blanca tiene 10 días para cumplir con el fallo, pero los analistas esperan movimientos paralelos antes de que venza ese plazo.
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