PUNTOS IMPORTANTES:
- Una quiebra inmobiliaria en California provocó pérdidas millonarias en Zions y Western Alliance, según demandas recientes.
- La firma MOM CA Investco usó propiedades ya en ejecución como colateral, desatando conflictos judiciales.
- Inversores enfrentan acusaciones de fraude, manipulación de garantías y posible subordinación indebida de deudas.
Una quiebra inmobiliaria en el sur de California desató esta semana una nueva ola de tensión sobre los bancos regionales Zions Bancorporation (ZION) y Western Alliance Bancorp (WAL).
Ambas entidades reportaron pérdidas por préstamos incobrables vinculados a una única contraparte: la firma MOM CA Investco LLC, un grupo de inversión inmobiliaria con sede en Newport Beach, que solicitó protección por quiebra en febrero. En la demanda que Zions presentó esta semana, aparecen 16 propiedades como colateral de más de 60 millones de dólares prestados a un grupo de inversionistas.
De esas propiedades, seis figuraban entre los activos de MOM CA en su declaración de quiebra, lo que encendió las alarmas entre los acreedores y provocó una caída abrupta en las acciones de ambos bancos.
Los préstamos, estructurados originalmente entre 2016 y 2017 por California Bank & Trust —subsidiaria de Zions— incluían una cláusula estándar que otorgaba prioridad de cobro al prestamista en caso de liquidación. Sin embargo, cuando MOM CA inició el proceso de venta de activos bajo Capítulo 11, Zions descubrió que otras firmas tenían prioridad sobre los bienes dados en garantía.
Western Alliance también resulta afectado
Western Alliance enfrentó una situación similar. El banco con sede en Phoenix demandó a un grupo de inversionistas —incluyendo a Gerald Marcil, Andrew Stupin y Deba Shyam— por haber estructurado los préstamos de forma que bloquearon el cobro prioritario del banco. En la denuncia presentada en agosto en Los Ángeles, WAL reclamó más de 98,6 millones de dólares por préstamos supuestamente garantizados con bienes inmobiliarios que ya estaban en proceso de ejecución hipotecaria, una situación que los prestatarios no revelaron.
La defensa respondió con contundencia. En un comunicado, los abogados de los acusados afirmaron:
“Mis clientes niegan categóricamente todas las acusaciones. Estas afirmaciones no tienen fundamento y distorsionan los hechos. Confiamos en que, una vez presentadas todas las pruebas, nuestros clientes serán plenamente reivindicados”
Una sociedad conflictiva, propiedades en disputa
El trasfondo revela un entramado aún más complejo. Mohammad Honarkar y Mahender Makhijani fundaron MOM CA Investco en 2021 como una empresa conjunta. Mientras Honarkar también operaba un negocio de telefonía móvil, Makhijani administraba propiedades en dificultades a través de Continuum Analytics. Entre los principales inversores de esa firma figuraban Marcil y Stupin, y su propietario legal era Deba Shyam.
La sociedad no tardó en colapsar. Honarkar acusó a sus socios de fraude. Durante el conflicto, Makhijani contrató guardias armados para tomar control físico de varias propiedades, y también movilizó camiones publicitarios por Laguna Beach con imágenes de Honarkar junto a acusaciones de corrupción que implicaban a funcionarios locales.
Garantías duplicadas y vínculos con otros bancos
La demanda de Zions reveló que algunas de las propiedades dadas como colateral también estaban comprometidas con otras instituciones. Un complejo residencial en Bellflower figuraba como garantía para Western Alliance, mientras un edificio en Laguna Beach ya había sido asignado a Nano Banc, banco en el que los mismos inversionistas también tenían participación. De hecho, Nano Banc prestó más de 100 millones de dólares a los fundadores de MOM CA, según documentos de arbitraje presentados en marzo.
El fracaso del proceso judicial agrava el caos
El proceso de quiebra iniciado por MOM CA en febrero fracasó en agosto, cuando el juez federal Brendan Shannon desestimó el caso. Durante las últimas audiencias, Shannon advirtió que no llegar a un acuerdo perjudicaría a los acreedores, ya que quedarían habilitados para litigar en cortes estatales y ejecutar ventas forzadas a precios de remate.
En definitiva, el caso dejó al descubierto un colapso del principio de prioridad absoluta, donde los prestamistas asegurados deben ahora litigar por activos que creían controlados. Algunos analistas lo califican como una “subasta caótica de garantías”, rayana en una forma encubierta de rehipotecación, y un síntoma de problemas más profundos en el mercado crediticio regional.
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