Congreso de EUA aprueba ley que abarca impuestos al sector de Bitcoin

El pasado viernes 5 de noviembre, la Cámara de Representantes de los Estados Unidos aprobó el proyecto de ley de infraestructura bipartidista de 1,2 billones de dólares, que al ser firmado por el presidente Joe Biden se convertirá en una ley que impondría nuevas disposiciones relacionadas a la declaración de impuestos sobre Bitcoin y otras criptomonedas a partir del 2024.

Según The Wall Street Journal, luego de varias horas de deliberación, la Cámara aprobó el proyecto de “Ley de Empleo e Inversión en Infraestructura (HR3684)” con 228 votos a favor y 206 votos en contra. Dicho proyecto “contempla 1,2 billones de dólares en fondos y reautoriza los programas de infraestructura federal existentes durante cinco años y vierte 550 mil millones de dólares adicionales en proyectos de agua, expandiendo el acceso a internet de banda ancha y renovando la red eléctrica, entre muchas otras medidas”.

El proyecto de ley incluye diversas medidas para pagar esta propuesta y la deuda pública que generaría. Entre dichas medidas se encuentra el cambio a los requisitos de declaración de los impuestos para el sector de Bitcoin y otras criptomonedas, que de acuerdo a lo especificado en una tabla de estimaciones presentada por el Comité Conjunto de Impuestos, Estados Unidos intentaría recaudar 28.000 millones de dólares en impuestos a criptomonedas en una década.

Dicho proyecto de ley fue aprobado el pasado mes de agosto por el Senado de EE. UU., y desde el inicio ha generado preocupación en la industria de Bitcoin y las criptomonedas, debido a los estrictos requisitos de informes que exige. Tales informes deberán ser presentados ante el Servicio de Impuestos Internos o IRS (por sus siglas en inglés) por todos los corredores que realicen transacciones con criptomonedas.

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La principal controversia en este proyecto de ley se encuentra en la definición demasiado amplia de lo que será considerado legalmente como “corredor”, ya que se estipula que este será “cualquier persona que sea responsable de proporcionar regularmente cualquier servicio que efectúe transferencias de activos digitales en nombre de otra persona». Es decir, que no solo los intercambios de criptomonedas sino también los mineros, validadores y desarrolladores de software podrían entrar en dicha definición, causando que se vean obligados a presentar toda la información requerida por la ley, o de lo contrario, se enfrentarían a sanciones, ya que se trataría como una infracción fiscal y un delito grave.

Otro punto en la mira del ámbito de Bitcoin y las criptomonedas es la inclusión de los activos digitales en la Sección 6050I del Código Tributario de los EE. UU. Dicho instrumento legal establece que “cualquier persona en un oficio o negocio que reciba más de 10.000 dólares en efectivo” deberá informarlo ante el IRS.

De acuerdo con el proyecto de ley, “cualquier persona que reciba más de 10.000 dólares en activos digitales debe verificar la información personal del remitente, incluido el número de Seguro Social, y firmar y enviar un informe al gobierno dentro de los 15 días. El incumplimiento da lugar a multas obligatorias y puede ser un delito grave, con penas de hasta cinco años de prisión”, por lo que algunos abogados advierten que esta ley “aplicada a las criptomonedas y otros activos digitales podría ser casi imposible de cumplir”.

En agosto de este año, CoinDesk reportó que “los defensores de la industria de la criptografía rechazaron la disposición”, llevando a que los legisladores introdujeran enmiendas “para intentar modificar el lenguaje” utilizado en el proyecto de ley. Entre tales enmiendas, resaltó la presentada por los senadores Ron Wyden, Pat Toomey y Cynthia Lummis, quienes propusieron “definir explícitamente qué tipos de entidades son corredores”.

Por otro lado, los senadores Rob Portman, Mark Warner y Kyrsten Sinema “propusieron una modificación más estrecha que solo eximía a los mineros de prueba de trabajo”.A pesar de que se retrasó la aprobación del proyecto de ley en el Senado, debido al rechazo a la disposición, ninguna de estas enmiendas fue introducida y la propuesta original terminó siendo aprobada por el Senado el pasado mes de agosto. Asimismo, el viernes 5 de noviembre recibió la aprobación del Congreso; lo único que necesitaría es la firma del presidente Joe Biden para que el proyecto sea promulgado como ley en Estados Unidos.

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