PUNTOS IMPORTANTES:
- España estudia un paquete fiscal que endurece la tributación de las criptomonedas y obliga a crear un “semáforo de riesgo” para inversores.
- Expertos alertan de que algunas medidas son inejecutables (como el embargo universal de criptoactivos) y podrían generar un caos regulatorio.
- En paralelo, gana fuerza otro proyecto que propone un régimen fiscal especial para las ganancias en Bitcoin, separado del resto de tokens.
El debate sobre la fiscalidad de las criptomonedas volvió a encenderse en España. El Grupo Parlamentario Sumar presentó una batería de enmiendas que apunta a modificar tres leyes clave y que, de aprobarse, supondrían uno de los mayores cambios normativos del país en materia cripto. El movimiento sorprendió al ecosistema y ya está generando resistencia entre economistas, abogados y usuarios.
El proyecto plantea tocar la Ley General Tributaria, la Ley del IRPF y la Ley de Sucesiones y Donaciones. El punto más controvertido consiste en que las ganancias en criptoactivos que no sean instrumentos financieros pasen a tributar en la base general del IRPF, que llega hasta el 47%, en lugar de hacerlo en la base del ahorro, que alcanza hoy el 30%. La propuesta también fija que estas ganancias tributen al 30% en el Impuesto sobre Sociedades.
Este giro fiscal llega acompañado de otra novedad: la Comisión Nacional del Mercado de Valores debería crear un “semáforo de riesgo” obligatorio, un sistema visual que las plataformas deben mostrar a los usuarios españoles con información sobre registro, supervisión, respaldo y liquidez de cada token. Una medida que busca transparencia, pero que también puede espantar a nuevos inversores.
El sector advierte de efectos inesperados en España
Para parte del ecosistema, el proyecto no solo es impreciso: es directamente contraproducente. El economista y asesor fiscal José Antonio Bravo Mateu calificó las propuestas como “ataques inútiles” a Bitcoin, recordando que los activos en autocustodia no pueden ser supervisados ni confiscados. Según él, esto solo conseguirá que los tenedores de BTC opten por marcharse del país cuando el precio vuelva a subir con fuerza.
Pero donde más confusión generó el texto es en la idea de considerar todos los criptoactivos como embargables. Esto implicaría ir más allá del marco europeo MiCA e incluir monedas que el propio reglamento no regula. La abogada especializada Chris Carrascosa advirtió que la medida es “inejecutable”, ya que tokens como tether (USDT) no pueden ser custodiados por proveedores autorizados, y por tanto no existe un mecanismo real para efectuar un embargo. Su conclusión fue tajante: “No tiene sentido y complica la vida de los CASP que tienen que ejecutar la orden”.
Carrascosa anticipó incluso un “caos animal” en el régimen fiscal español si las enmiendas prosperan y pidió que alguien frene la iniciativa antes de que genere un bloqueo regulatorio aún mayor en un sistema tributario que ya considera “asfixiante”.
Mientras tanto, avanza en paralelo otro proyecto impulsado por dos inspectores de Hacienda —Juan Faus y José María Gentil— que propone un régimen especial para las ganancias con Bitcoin, separado del resto de criptomonedas. La idea, mucho más favorable para los contribuyentes, despertó interés en el ecosistema al abrir la posibilidad de una fiscalidad diferenciada para BTC.
El Congreso deberá decidir qué camino tomar: endurecer el marco impositivo o explorar un modelo más flexible que incentive la actividad cripto en el país. Por ahora, el ruido político y la división del sector anticipan semanas tensas.
