PUNTOS IMPORTANTES:
- La regulación de criptomonedas en EE. UU. quedó estancada tras fracasar la votación de la ley CLARITY en el Senado.
- El ajustado calendario legislativo previo a las elecciones intermedias aleja toda aprobación normativa este año.
- Fiscales generales estatales advirtieron que el texto legal limitaría sus facultades para perseguir delitos y fraudes
El Senado de Estados Unidos rechazó someter a votación definitiva la ley CLARITY. La iniciativa buscaba establecer el primer marco regulatorio federal integral para supervisar el mercado de criptoactivos en el país
El Congreso dispone de menos de treinta y seis días de actividad legislativa antes de 2027, lo que descarta la aprobación del proyecto en el actual periodo parlamentario. Por lo tanto, el sector digital deberá esperar la conformación del nuevo Congreso luego de las elecciones de noviembre.
La falta de acuerdos prolonga la incertidumbre institucional sobre las funciones de los reguladores financieros. De hecho, el freno legislativo mantiene sin definir las competencias de la Comisión de Bolsa y Valores frente a la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos.
Objeciones estatales frenan el avance del proyecto
La propuesta incluía restricciones éticas para impedir que los funcionarios públicos y sus familiares emitan o generen ganancias con activos digitales durante su gestión. Asimismo, el presidente Donald Trump aceptó la mayoría de estas cláusulas bipartidistas para facilitar el avance de la ley.
Sin embargo, dieciocho fiscales generales estatales presentaron objeciones de última hora al proyecto. Las autoridades advirtieron que la normativa federal limitaría sus facultades locales para perseguir fraudes y delitos financieros.
Como consecuencia, los inversionistas prevén un entorno de mayor incertidumbre para las plataformas de intercambio en Estados Unidos. De este modo, las empresas continuarán operando bajo resoluciones judiciales aisladas hasta que los legisladores retomen el debate el próximo año.
FAQs
La decisión pospone de forma indefinida el primer marco regulatorio federal para las criptomonedas, trasladando el debate parlamentario a la próxima legislatura del Congreso.
El proyecto encalló tras las objeciones de 18 fiscales generales estatales, quienes advirtieron que la ley federal limitaría sus competencias locales contra los delitos financieros.
La falta de legislación prolonga la incertidumbre sobre las competencias entre la SEC y la CFTC, generando volatilidad operativa para los inversionistas del mercado.
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