Una demanda judicial presentada este martes cuestiona la decisión del presidente Donald Trump de utilizar una ley de 1930 para imponer aranceles del 50% sobre productos importados desde Canadá.
El mandatario invocó en julio la Sección 338 de la Ley Arancelaria para aplicar gravámenes extraordinarios a bienes como vino, miel, artículos deportivos y queso, alegando prácticas discriminatorias por parte de Ottawa. Dicha medida representó la primera vez que un gobierno estadounidense utilizó esta norma de la Gran Depresión para fijar tarifas comerciales.
El recurso legal interpuesto ante el Tribunal de Comercio Internacional de Estados Unidos argumenta la invalidez de la norma:
«La Sección 338 es una reliquia de la política arancelaria basada en represalias que ha sido derogada implícitamente por legislaciones posteriores».
Demandantes y litigios comerciales
Por su parte, la empresa importadora de alimentos Gellert Global Group promovió la querella luego de pagar estos gravámenes sobre sus compras de quesos. La compañía solicita a la corte declarar ilegales los aranceles, suspender su cobro y ordenar la devolución de los pagos con intereses.
El colectivo jurídico Liberty Justice Center asumió la representación legal del importador. De hecho, esta misma organización logró que la Corte Suprema anulara los aranceles recíprocos del gobierno en febrero, obligando a devolver cerca de 166.000 millones de dólares recaudados.
Asimismo, la firma mantiene otras dos demandas activas contra el uso de decretos ejecutivos para fijar aranceles sin autorización parlamentaria.
La directora ejecutiva del centro legal, Sara Albrecht, defendió los límites constitucionales del poder ejecutivo:
«Este caso no se trata del presidente. Se trata de la presidencia […] Ningún presidente debería tener el poder de sacar un estatuto inactivo del estante y usarlo para imponer aranceles radicales o prohibiciones de importación sin los límites exigidos por el Congreso».
La Casa Blanca evitó responder a las consultas de los medios sobre este nuevo frente judicial. De este modo, los inversionistas siguen de cerca la batalla legal para evaluar el impacto en los costos de importación y en el comercio bilateral.
FAQs
La querella impugna la invocación de la Sección 338 de 1930 para fijar gravámenes del 50%, argumentando que la norma fue derogada por leyes comerciales posteriores.
El importador Gellert Global Group promovió la demanda para declarar ilegales las tarifas sobre alimentos y exigir el reembolso íntegro de los pagos efectuados.
El colectivo jurídico logró anular previamente aranceles forzando la devolución de 166.000 millones de dólares, un precedente judicial que los inversionistas analizan con cautela.
Descargo de responsabilidad: Toda la información encontrada en Bitfinanzas es dada con la mejor intención, esta no representa ninguna recomendación de inversión y es solo para fines informativos. Recuerda hacer siempre tu propia investigación.
