PUNTOS IMPORTANTES:
- La constructora Core Scientific registró una instalación de 1.300 millones de dólares para AMD donde el inicio de obras desafía la moratoria estatal.
- Cerca del 45% de la capacidad tecnológica planeada en Estados Unidos enfrenta bloqueos mientras los permisos ambientales continúan paralizados en Texas.
- Los retrasos regulatorios podrían demorar entregas entre 12 y 18 meses confirmando que la incertidumbre política encarece bonos de deuda corporativa.
Durante dos semanas, el sector de infraestructura tecnológica debatió el impacto que sufrirán los proyectos en Texas cuando Gina Hinojosa asuma la gobernación estatal. Finalmente, una corporación decidió desafiar activamente los plazos políticos para comprobar la solidez del sistema de autorizaciones.
Una filial de Core Scientific Inc. (CORZ) registró ante el organismo estatal de licencias un complejo de 341.326 pies cuadrados en el condado de Hunt, valorado en 1.300 millones de dólares. El inicio de obras figura para el 24 de noviembre de 2026, ocho semanas antes de la toma de posesión.
Que esta instalación se complete a tiempo importa mucho más allá de Core Scientific y su inquilino tecnológico Advanced Micro Devices Inc. (AMD). El proyecto constituye la primera prueba real para validar la premisa de Wall Street de que las obras iniciadas permanecen blindadas.
La estructura contractual del proyecto de 1.300 millones en Hunt
Métricas operativas y riesgos regulatorios en Texas
- Coste estimado del complejo: La estructura registrada en Hunt requiere una inversión de 1.300 millones de dólares.
- Capacidad contratada por AMD: El acuerdo marco suma 530 megavatios valorados en 14.000 millones de dólares.
- Cuota estatal en capacidad planeada: Texas concentra el 26,7% de la expansión nacional, liderando la zona bajo moratoria.
- Peso en nuevas adiciones en obra: El estado representa el 20% para 2027 y el 27% para 2028.
La solicitante Telios Quinlan One, adquirida en mayo por 232,5 millones de dólares financiados mediante la venta de 2.385 bitcoin (BTCUSD), controla 265 acres y un contrato eléctrico de 430 megavatios. Diseñada por Gensler, la estructura proyecta culminar sus trabajos el 4 de septiembre de 2028.
En julio, AMD firmó arrendamientos a quince años por 530 megavatios valorados en 14.000 millones, asignando 110 megavatios a este condado. Al dividir 1.300 millones entre un coste de 11 a 12 millones por megavatio, el expediente coincide exactamente con dicho bloque frente a 430 megavatios brutos totales.

Tras anunciar su salida definitiva de la minería cripto para fin de año, Core Scientific obtuvo 215 millones de sus 233 millones trimestrales mediante colocación, cotizando a 13,50 dólares con un retroceso del 7%. Asimismo, el registro presentado evalúa únicamente normas de accesibilidad física sin aprobar recursos hídricos o eléctricos.
De la pausa de Abbott al cerco total sobre los permisos ambientales
Hacia el 3 de agosto, el gobernador Greg Abbott ordenó auditar la cola de conexión de ERCOT, saturada con 474 gigavatios, y el 21 de septiembre instruyó a la agencia ambiental TCEQ frenar permisos. Posteriormente, el organismo suspendió su portal electrónico tras filtrarse autorizaciones en octubre antes de las elecciones.
Tras la jornada electoral, Jan Hatzius, economista jefe de Goldman Sachs Group Inc. (GS), evaluó el impacto territorial de los gobiernos entrantes sobre la expansión de infraestructura digital en Estados Unidos:
«Sin embargo, es probable que las victorias demócratas a nivel estatal y local conduzcan a moratorias de corto plazo sobre centros de datos, afectando potencialmente a cerca del 45% de la expansión planificada de capacidad en Estados Unidos.»

En entrevistas recientes, la gobernadora electa Gina Hinojosa endureció su postura sobre las obras pendientes de cualquier autorización estatal hasta que la legislatura sesione entre enero y mayo, respondiendo tajantemente si la moratoria excluye proyectos en marcha:
«Aplica para todos los permisos.»
Aunque aclaró no poseer facultades para clausurar proyectos que ya dispongan de todas las licencias estatales, Jerry Revich, analista de Wells Fargo & Company (WFC), advirtió que el proceso vincula entre un 20% y un 30% de la red energética al debate legislativo de Austin.
El cuello de botella en generadores de respaldo ante la agencia ambiental
Operativamente, la compañía completó prácticamente todos los requisitos privados tras asegurar la interconexión eléctrica en octubre de 2024 y aportar 33 millones de dólares en garantías. Según confirmó su CEO, Adam Sullivan, el complejo superó el estudio de estabilidad en noviembre, contando con permiso pluvial, inquilino contratado y capital financiado.
Sin embargo, los permisos de emisiones atmosféricas para los generadores diésel de respaldo en Hunt y Pecos continúan atrapados en la paralizada TCEQ. Al ser cuestionado sobre los riesgos políticos en Texas, Sullivan defendió la seguridad jurídica estatal afirmando:
«En Texas, creo que la gran ventaja para nosotros es que las cosas nunca se hacen de manera retroactiva.»
Incluso los planes futuros en Pecos para generar electricidad privada con gas natural enfrentan idéntico obstáculo regulatorio al requerir licencias ambientales todavía no solicitadas. Aunque Goldman Sachs proyecta que el autoabastecimiento cubrirá el 25% del sector en 2030, su despliegue inmediato en el estado permanece bloqueado.
Fragilidad de la premisa sobre proyectos en construcción
Wall Street basó sus valoraciones en excluir las obras iniciadas del riesgo de congelación. Morgan Stanley (MS) identificó 8,3 gigavatios amenazados excluyendo construcciones activas, Bernstein aplicó un recorte del 30% y Goldman Sachs calculó que Texas aporta el 20% en 2027 y el 27% en 2028.

Michael Ng precisó que las suspensiones temporales no equivalen a cancelaciones definitivas, aunque advirtió que contabilizar simples movimientos de tierra como obra activa oculta riesgos reales sobre los costes financieros:
«Observamos que las moratorias no son prohibiciones ni cancelaciones, y creemos que los riesgos para los operadores estarían relacionados con retrasos para estar listos para el servicio, mayores costes de financiación debido a tiempos de construcción más largos, mayores impuestos y mayor gasto de capital en infraestructura.»
Analistas de GLJ Research concluyeron que proyectos con electricidad pero sin licencias ambientales demoran entre 12 y 18 meses, desplazando entregas de 2028 hacia finales de 2029. Esta incertidumbre ya golpea al mercado de deuda: los bonos de Core Scientific al 7,75% cayeron cinco puntos hasta 92 centavos.
Expansión nacional de moratorias y cuenta regresiva hacia enero
Este cerco regulatorio trasciende a Texas tras aprobarse restricciones en múltiples jurisdicciones estadounidenses. Arizona proyecta limitar una cartera superior a 100 proyectos incluido el complejo de SpaceX (SPCX), Minneapolis restringió superficies a 50.000 pies cuadrados y solo una de 45 consultas locales resultó favorable a la industria.
Aunque Core Scientific logre levantar la estructura física sobre terreno privado, la verdadera incógnita radica en si una nave sin permisos de generadores constituye un centro operativo. Si la agencia aplica rigor absoluto, una porción significativa de los proyectos catalogados como seguros sufrirá nuevos recortes en sus plazos.
Cada desarrollador en Texas dispone de ocho semanas decisivas antes del 19 de enero para acelerar obras iniciales, transformando paradójicamente la amenaza de congelación en una fiebre constructiva. El mercado aguarda la auditoría de ERCOT el 10 de diciembre para verificar si el acero y el financiamiento respaldan el complejo.
FAQs
Registró un complejo de 1.300 millones de dólares en el condado de Hunt para albergar un contrato de 530 megavatios con AMD, sirviendo como la primera prueba real para validar si las obras iniciadas están blindadas ante posibles moratorias políticas.
La gobernadora electa Gina Hinojosa impulsa una moratoria que aplicaría a todos los permisos pendientes, mientras la agencia ambiental TCEQ mantiene frenadas las licencias para generadores de respaldo y emisiones.
Los analistas advierten sobre retrasos de hasta 18 meses, mayores costes de financiación y un impacto en los bonos de las compañías, ya que Texas representa una parte crucial de la futura expansión nacional de capacidad.
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